Aspectos Generales del Proyecto de Ley de Identidad de Género

Siendo el tema del presente boletín, los estereotipos de género, desde la perspectiva jurídica, se hará referencia a los principales planteamientos contenidos en el Proyecto de Ley que “Reconoce y Protege el Derecho a la Identidad de Género”, conocido como Ley de Identidad de Género, contenido en el Boletín N° 8924-07, el cual ingresó al Congreso Nacional el 7 de mayo de 2013 como parte del programa de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y que se encuentra actualmente en tramitación en la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.

El Proyecto de Ley (moción) se basa en que la identidad de género no está reconocida ni amparada por el derecho y está estructurado con una sección introductoria (objeto, propósitos y fundamentos) y contiene once artículos y una disposición transitoria.

El propósito del proyecto consiste en “terminar con las situaciones de discriminación y exclusión que afectan a muchas personas en Chile, por la imposibilidad de manifestar abiertamente y vivir conforme con su identidad de género, en los casos en que existe una incongruencia entre el sexo asignado registralmente, el nombre, y la apariencia y vivencia personal del cuerpo”, acogiendo las definiciones y principios determinados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Así, se contiene el principio de que las personas tienen derecho a autodeterminar su identidad sexual, debiendo ejercerla libremente, excluyéndose cualquier interferencia externa, particularmente aquellas provenientes de las autoridades, en tanto se consideran una vulneración a su dignidad. De esta manera, se establece como objeto del proyecto, “establecer una regulación eficaz y adecuada, en conformidad con las disposiciones constitucionales e internacionales en materia de igualdad, no discriminación, derecho a la identidad y protección en general de la dignidad humana, y los derechos y libertades fundamentales”.

El Proyecto de Ley, busca en definitiva, establecer una regulación del procedimiento para acceder al cambio de nombre y sexo que figura en la partida de nacimiento, inscripción que resguarda el Registro Civil e Identificación, cuando ella no corresponde o no es congruente con la verdadera identidad de género de la persona. Cabe señalar que el Registro Civil lleva una nómina de las inscripciones de nacimiento que contiene la fecha del mismo, el nombre, apellido y sexo del recién nacido, los que se determinan por la información proporcionada en el comprobante emitido por los médicos que han asistido al parto y que debe ser presentado para solicitar la inscripción del nacimiento bastando para asignar un sexo, un sencillo examen visual, existiendo en la actualidad un vacío legal producto ausencia de ley que dificulta la modificación de la partida de nacimiento en estos casos. Así, a través de la normativa actual es posible que una persona pueda lograr la rectificación del nombre y sexo que figuran en su partida de nacimiento, para posteriormente, conseguir una cédula de identidad conforme a su identidad de género, lo cual se realiza a través de un procedimiento engorroso y tedioso ante el juzgado civil de su domicilio, el cual además, presenta el inconveniente de la falta de preparación de jueces y funcionarios frente a estos casos. Esto, debido a que al no existir hoy en Chile una Ley de Identidad de Género, se debe utilizar una combinación de la Ley N° 4.808 sobre Registro Civil y la Ley N° 17.344 sobre cambio de nombre para encontrar una causal que permita realizar este cambio, de manera que se deben configurar y probar dos causales para lograr el cambio de nombre y sexo, en primer lugar, que han sido conocidos por más de cinco años con un nombre distinto al que figura en su partida de nacimiento, el cual concuerda con su identidad de género; y que el nombre que figura en su partida de nacimiento les menoscaba moral o materialmente al no coincidir con su identidad de género. En este procedimiento, al no existir una regulación expresa sobre el mismo, los jueces solicitan toda clase de diligencias a los solicitantes, debiendo acompañarse muchas veces, certificados psiquiátricos, psicológicos u otros documentos médicos que den cuenta de tratamientos hormonales, operaciones de reasignación genital, esterilización, entre otros, además de obligarlos a realizarse peritajes sexológicos en el Servicio Médico Legal. Estas diligencias no están establecidas por la ley, sino que, al no encontrarse regulado este procedimiento, se trata de exigencias que surgen de la práctica de los tribunales y que pueden llegar a constituir atentados contra la dignidad de las personas. De este modo, tanto el procedimiento y sus exigencias en cuanto a tramitación como el fallo quedan entregados al criterio personal de cada juez, lo cual puede ser considerado un atentado contra el principio de igualdad ante la ley, en tanto se exigen trámites no establecidos por la ley, siendo denegadas las solicitudes o resolviéndose los casos de manera distinta y a veces incluso contradictoria, accediendo al cambio de nombre pero no al de sexo.

De esta manera, el artículo 1° del Proyecto de Ley, establece el derecho a la identidad de género  y su contenido indicando que toda persona tiene derecho, en primer lugar, “al reconocimiento y protección de su identidad de género”; en segundo lugar, “al libre desarrollo de su persona, conforme a su identidad de género, permitiendo su mayor realización espiritual y material posible” y, “a ser tratada conforme a su identidad de género, lo que importa ser reconocida e identificada de ese modo en los instrumentos públicos que acrediten su identidad respecto al nombre y sexo, de la misma manera, las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o cualquier otro instrumento con los que las personas figuran en los registros oficiales deben ser coincidentes con dicha identidad”. En concordancia con esto, el mismo artículo 1° continúa señalando que “toda norma o procedimiento, ya sea de carácter administrativo o judicial, deberá respetar el derecho a la identidad de género de las personas. Ninguna norma o procedimiento podrá limitar, restringir, excluir, suprimir o imponer requisitos no contemplados para el ejercicio de este derecho, debiendo interpretarse y aplicarse las normas siempre a favor del acceso del mismo”. Por su parte, el artículo 2° entrega un concepto de identidad de género, señalando que se trata de “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida), y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales”, concepto que es extraído desde los Principios de Yogyakarta (2007) elaborados por una comisión de expertos a petición de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y que fueron presentados al Consejo de Derechos Humanos en el Informe Periódico Universal del año 2009, comprometiéndose nuestro país a aplicar estos principios en sus políticas internas. De esta manera, se estima que la identidad de género es un derecho que emana de la autonomía personal, sin la necesidad de exigir cambios corporales o externos de ningún tipo, estableciéndose expresamente que para solicitar la rectificación de la partida de nacimiento, no se exigirán estos cambios, señalando el artículo 3° del Proyecto de Ley que “toda persona podrá obtener, por una sola vez, la rectificación de su partida de nacimiento y el cambio de sexo y nombre, cuando no coincidan con su identidad de género” y agregando el artículo 4° que sin perjuicio de acompañar cualquier tipo de documento, “será suficiente para fundar la solicitud el ofrecimiento de información sumaria de testigos que acredite que el solicitante es conocido en sus relaciones sociales con una identidad de género que no coincide con su sexo registral”, reiterando el mismo artículo 4° que el juez no podrá exigir el uso de “medios farmacológicos, psicológicos, psiquiátricos o de tratamientos quirúrgicos”, lo cual vuelve a ser recalcado por el artículo 6° al indicar que “en ningún caso el tribunal podrá decretar que se realicen exámenes médicos ante el Servicio Médico Legal u otra repartición para formar su convicción sobre la solicitud”.

Respecto de la solicitud propiamente tal, de acuerdo al artículo 5° del Proyecto de Ley, ella deberá ser tramitada ante el tribunal de familia del domicilio del peticionario, contemplándose además, la posibilidad de oposición de cualquier persona, para lo que deberá publicarse en el Diario Oficial un extracto de ella, desde el cual se computará el plazo para la oposición (15 días), la cual sólo podrá hacerse en base a las causales indicadas por el propio proyecto de ley, esto es, “la existencia de un perjuicio directo o indirecto de carácter moral o patrimonial que afecte al opositor a consecuencia del cambio de nombre y sexo del solicitante” y la “existencia de una causa criminal pendiente entre el opositor y el solicitante”. Además, se contempla la posibilidad que el Juez oficie a la Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación con el fin de que informe si el peticionario tiene órdenes de detención pendientes u otros antecedentes penales, o para que entregue cualquier información, que a criterio del juez, sea de relevancia para resolver, señalándose de manera expresa que este servicio, no podrá emitir opinión sobre los fundamentos de la solicitud ni sugerir resolución alguna.

Una vez resuelta la solicitud, el tribunal “ordenará que se rectifique la partida de nacimiento del peticionario, procediendo al cambio de nombre y sexo”; y además, oficiará al Director del Registro Civil para que realice las rectificaciones y emita un nuevo registro de identidad, no afectando el RUN de la persona e informando en un plazo de veinte días hábiles al Servicio Electoral, al Servicio de Impuestos Internos, a la Tesorería General de la República, a la Policía de Investigaciones y a Carabineros para que realicen los cambios que correspondan. Desde el Registro Civil, se le emitirán “nuevos documentos de identidad, con una nueva fotografía, los que reemplazarán para todos los efectos a los documentos anteriores, los cuales no podrán ser usados ni exhibidos bajo ninguna circunstancia y en ninguna repartición pública o privada”. Los efectos de la rectificación de la partida de nacimiento se producen y afectan a terceros desde que se extienda la nueva inscripción, lo que no alterará la titularidad de derechos y obligaciones anteriores de la persona ni tampoco las relaciones y obligaciones de familia, de acuerdo a lo señalado por el artículo 8°. Junto a ello, se sanciona el uso malicioso de los nombres anteriores y la utilización fraudulenta del nuevo nombre para eximirse del cumplimiento de obligaciones contraídas con anterioridad al cambio, con la pena de presidio menor en su grado mínimo.

Por su parte, el artículo 9° establece que “ninguna persona o institución pública o privada podrá negarse a atender o dar un trato irrespetuoso a otro individuo en razón de su identidad de género, ni obstaculizar o impedir el ejercicio de los derechos establecidos en el proyecto”, en concordancia con el artículo 10° que expresa que “sólo tendrán acceso al acta de nacimiento y a las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o cualquier otro instrumento con los que las personas figuraban anteriormente en los registros oficiales, quienes cuenten con autorización expresa del titular, o con orden judicial”.

Respecto de las intervenciones quirúrgicas, el artículo 11° del Proyecto establece que no se requiere más autorización que el consentimiento informado que se exige para cualquier otro tratamiento médico o cirugía de acuerdo a la Ley N° 20.584 sobre derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud. Finalmente, la única disposición transitoria del Proyecto señala que “todas las personas que hayan obtenido el cambio de nombre por razón de identidad de género, en conformidad a las disposiciones de las Leyes N° 17.334 y N° 4.808, sin haber obtenido la rectificación de su sexo registral, podrán recurrir por una sola vez al tribunal competente para obtenerla”.

De esta manera, nos parecía interesante dar a conocer el contenido de este Proyecto de Ley que está siendo objeto de tramitación en el Congreso desde el año 2013 y que regula una temática actualmente sin regulación y que afecta derechos fundamentales de las personas.