Derechos en la Lupa: Institucionalidad Ambiental en Chile

medioambiente pequeaRespecto del patrimonio natural, se debe tener en cuenta que desde el punto de vista jurídico, su protección y resguardo radica en primer término, en los tratados internacionales que ha ratificado Chile y, que de acuerdo a lo establecido por el Artículo 5° de la Constitución Política de la República, son parte integrante de nuestro ordenamiento jurídico,

de manera que convenciones como la Convención para la Protección de la flora, la fauna y las bellezas escénicas naturales de América, promulgado y publicado en 1967; el Tratado Antártico, promulgado y publicado en 1961; el Convenio para la protección del medio ambiente y la zona costera del Pacífico Sudeste, promulgado y publicado en 1986; el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, promulgado y publicado en 1990;  el Tratado entre la República de Chile y la República Argentina sobre Medio Ambiente, promulgado y publicado en 1993, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, promulgado y publicado en 1995; el Convenio sobre la Diversidad Biológica, promulgado y publicado en 1995 o el Protocolo de Kioto, ratificado el año 2002, son parte integrante de nuestra legislación ambiental, a lo cual debe sumarse que nuestro país participa en diferentes Foros Internacionales Globales respecto de estas temáticas, tales como la Comisión de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas; la Comisión Interamericana de Desarrollo Sostenible de la Organización de Estados Americanos; el Fondo Mundial para el Medio Ambiente y el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y El Caribe.

Nuestra Constitución, por su parte consagra dentro del catálogo de derechos que asegura a todas las personas, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, sin embargo, esta consagración recibe, principalmente, dos críticas en primer lugar, que en la protección de dicho derecho sólo se sancionan aquellos actos que tengan la calificación de ilegales y no aquellos arbitrarios como si ocurre con el resto de los derechos amparados por el recurso de protección, a lo que se agrega que la privación, perturbación y/o amenaza debe necesariamente ser imputable a una persona o autoridad, lo que en contraposición a los demás derechos es desigual, en tanto, la vulneración de ellos no requiere ser imputable a un ente determinado.

A partir de esta consagración constitucional, se deriva  el marco regulatorio legal respecto de estas temáticas, el que comprende, principalmente, la Ley N° 19.300, “Ley de Bases Generales sobre Medio Ambiente”, publicada en el Diario Oficial el 9 de Marzo de 1994, cuyo artículo 1° sintetiza el objeto de esta legislación indicando que consiste en regular a través de sus disposiciones el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación; la protección del medio ambiente; la preservación de la naturaleza; y, la conservación del patrimonio ambiental”, de modo que dentro de su regulación crea una institucionalidad que tiene por misión la protección del medio ambiente. Sin embargo, durante su implementación se detectaron deficiencias que hicieron necesario perfeccionar esta institucionalidad, particularmente fue el contenido y las recomendaciones realizadas a Chile por el “Informe de Evaluación del Desempeño Ambiental”, emanado de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el que hizo repensar nuestra institucionalidad ambiental, surgiendo la idea de contar con un Ministerio específico que sea el encargado de diseñar y ejecutar las políticas públicas y las regulaciones en estas materias, contar con un servicio de evaluación más técnico y con un sistema de fiscalización integrador y eficiente.

Con este sentido, se introduce una modificación a esta institucionalidad, modernizándola a través de la Ley N° 20.417 publicada en el Diario Oficial el 26 de Enero de 2010, la cual “Crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente”. Esta nueva institucionalidad rediseñada el año 2010, hace desaparecer a la denominada Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), servicio público especializado a cargo de las materias ambientales que en Chile que contaba con comisiones regionales, separando las funciones que se le encomendaban a través de la creación de tres nuevas instituciones con su promulgación que vienen a reemplazar a las ya existentes, esto es, el Ministerio del Medio Ambiente, organizado internamente en una Subsecretaría y desconcentrado territorialmente en Secretarías Regionales Ministeriales, el cual está encargado del desarrollo y la aplicación de variados instrumentos de gestión ambiental regulatorios, teniendo bajo su responsabilidad la protección de los recursos naturales, la implementación de políticas sobre educación ambiental y el control de la contaminación, junto al nuevo ministerio se crea el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, otorgándole a cada una atribuciones y funciones independientes detalladas en la misma ley, donde destacan las potestades fiscalizadoras y sancionatorias de la Superintendencia.

Dentro de esta nueva institucionalidad, deben agregarse los Tribunales Ambientales creados por la Ley N° 20.600 publicada en el Diario Oficial el 28 de junio de 2012, donde se establece la existencia de tres Tribunales Ambientales distribuidos geográficamente, de manera que el Primer Tribunal Ambiental tendrá asiento en la comuna de Antofagasta y jurisdicción en la macro zona norte del país, correspondiendo a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo, el cual de acuerdo a lo establecido por la ley, debiera haber entrado en funcionamiento el 28 de junio de 2013 pero no lo ha hecho, en tanto no han sido designados sus Ministros; el Segundo Tribunal Ambiental que tendrá asiento en Santiago y cuya jurisdicción abarca la macro zona centro, esto es, las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule, el cual de acuerdo a las disposiciones de la ley, entró en funcionamiento el 28 de diciembre de 2012 y, un Tercer Tribunal Ambiental, asentado en Valdivia y cuya jurisdicción abarca la macro zona sur, es decir, las regiones de Biobío, La Araucanía, los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes, el cual entró en funcionamiento el 9 de diciembre de 2013. La importancia de la creación de estos tribunales radica en su especialización, en tanto han sido los juzgados civiles ordinarios los encargados de resolver las controversias en estos ámbitos, con las consecuencias que ello trae aparejado, en cuanto a capacidad de actuar a tiempo, especialización de los conocimientos técnicos y tiempos de espera. Así, en su conformación contemplan que sus integrantes sean abogados destacados en la actividad académica o profesional especializada en temas ambientales y/o administrativos y licenciados en ciencias con especialización en materias medioambientales. Las críticas que se realizan a su creación radican en las eventuales dificultades de acceso para las personas al ser sólo tres en todo el país y a las distancias entre uno u otro, al retardo en la constitución del Primer Tribunal Ambiental,

A estos tribunales se suma también, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el cual estásujeto a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del Medio Ambiente y cuya función consisten en administrar las áreas protegidas del Estado y supervisar la administración de las áreas protegidas de propiedad privada; fomentar la creación de estas áreas; elaborar y velar por el cumplimiento de los planes de manejo de las áreas protegidas públicas y privadas; ejecutar las políticas, planes y programas de preservación, restauración y promoción del uso sustentable de las especies y ecosistemas, especialmente de aquellos amenazados o degradados, lo cual viene a ser un avance en tanto hasta su creación no ha existido un criterio unificado en cuanto a los proyectos que pueden desarrollarse en ellas, siendo tarea de este servicio poder uniformar y sistematizar estas regulaciones. 

Además, se crea el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) que permite acceder a la información ambiental que dispone el sector público en Chile, por lo que, constituye al mismo tiempo, un mecanismo de difusión de la información a través del cual se resguarda el derecho de acceso a la información ambiental de cualquier persona consagrado en la Ley N° 19.300. A través de este sistema es posible acceder a toda la información disponible en el Ministerio del Medio Ambiente, sobre temas ambientales, así como aquella que comparten los servicios públicos con competencia ambiental, de modo que el sistema tiene un alcance nacional, con un desglose regional en aquellos casos en los que se dispone de tales datos.

La filosofía detrás de esta reforma, no sólo comprende los fines modernizadores a los estándares internacionales en cuanto a la protección del medio ambiente y a la participación de los ciudadanos, sino también la separación de funciones entre diversos órganos y otorgar un carácter más técnico y menos político a las decisiones de los organismos ambientales, tarea aún pendiente y en la cual se debe avanzar en tanto tiene un papel importante que jugar la prevención, la aplicación de criterios claros frente a las políticas y la rigurosidad en la aplicación de la legislación nacional e internacional frente a los proyectos que buscan su aprobación ante esta institucionalidad.  

Por Soledad Morales Trapp.
Abogada
Mg. en Ciencias Sociales Aplicadas