El derecho a una vida digna y el Sistema de AFP: La vulneración a la vejez en Chile

vejez pequeña“Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social”, indica el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

 

El artículo explicita claramente que la integridad de una persona junto a su núcleo familiar, deben ser asumidas, de ser necesario, por otros mecanismos que complementen los ingresos económicos. Actualmente en Chile uno de los casos donde el ejercicio de este derecho se ve ampliamente vulnerado es al momento de llegar a la llamada “Tercera edad”. Según indica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2013, el 20% de los adultos mayores viven en la pobreza.

Hoy en 2016, las cifras de la Fundación Sol indican que 94 de cada 100 mujeres recibe una pensión promedio de $150.000. En este sentido, son diferentes los casos que se han hecho públicos de quienes llegan a vivir en el completo desamparo con ingresos mensuales que no garantizan el mínimo de las necesidades básicas de una persona en el Chile actual.

Según las normas de seguridad social de la OIT, el Estado debe garantizar pisos mínimos al mayor número de personas posible, permitiendo que estas puedan suplir al menos las necesidades más urgentes para un ser humano.

En la Recomendación sobre los pisos de protección social (2012) de la OIT se reconoce que la Seguridad Social es “una herramienta importante para prevenir y reducir la pobreza, la desigualdad, la exclusión social y la inseguridad social, para promover la igualdad de oportunidades, la igualdad de género y la igualdad racial”.

En este aspecto el Estado de Chile no atiende a marcos internacionales sobre el bienestar de sus adultos mayores, considerando que la privatización de la administración de los fondos de pensión no ha traído beneficios desde su aplicación, por el contrario, ha produciendo un efecto negativo.

A nivel ciudadano las manifestaciones se han hecho parte de la agenda gubernamental y mediática del país. Marchas y movilizaciones que levantan el lema “No más AFP” han llenado las calles de la Región Metropolitana y todo Chile exigiendo un cambio de sistema.

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La vulneración a derechos humanos fundamentales ha generado una respuesta por parte de la población que exige “Una vida digna”. El panorama resulta complejo para los adultos mayores que en Chile no han cotizado durante más de 15 o 20 años, percibiendo una pensión insuficiente, y que trae consigo una serie de elementos que menoscaban el bienestar en la vejez de las personas. Dentro de esto se percibe la imperante desigualdad entre hombres y mujeres.

Las desigualdades de género en la vejez

La incorporación de las mujeres al mercado laboral ha sido un proceso paulatino, pero hoy es una realidad evidente, y lo es también el cambio que ha traído al sistema de pensiones actual debido al carácter contributivo de este. En este sentido las desigualdades de género se han incrementado, siendo la población de adultas mayores las que más sufren la vulneración de sus derechos fundamentales.

Los múltiples factores que producen efectos negativos sobre los beneficios previsionales de las mujeres, se vinculan con las oportunidades diferenciadas en el mercado de trabajo, entre las que se encuentran; empleos más precarios, ingresos promedios más bajos y diferencias salariales inferiores en trabajos similares, la menor edad de retiro del mercado laboral que aumenta los años a financiar por el fondo acumulado disminuyendo las pensiones.

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Por otro lado, en el ámbito reproductivo, existe una mayor discontinuidad laboral de las mujeres debido a su responsabilidad en el cuidado de sus hijos e hijas, dedicación de las tareas domésticas y cuidados asignados culturalmente al género femenino. Lo anterior trae como consecuencia que se refleje en un menor promedio de horas remuneradas, y por tanto, un menor ingreso en la vejez.  Además, las horas de trabajo remunerado y no remunerado producen una alta carga laboral, que con el tiempo podría desencadenar en consecuencias negativas para la salud física y mental.

Estas características de la participación laboral de las mujeres la ponen en desventaja, tanto en lo que se refiere al acceso al sistema de pensiones, como a poder cumplir con los requerimiento del sistema de capitalización individual.

Las mujeres tienen con frecuencia mayores dificultades que los hombres para acceder a empleos que garanticen ahorros previsionales. Esto incide tanto en el monto de sus ahorros como en el número de años efectivamente cotizados, que en general son significativamente menores que los de los hombres, y resulta en la obtención de menores pensiones de vejez.

Como sabemos, las desigualdades en las relaciones de género se evidencian en un amplio espectro, y el sistema de pensiones es un órgano más que evidencia dicha desigualdad. Las investigaciones actuales permiten constatar que las construcciones sociales en torno al género han sido las que han generado una jerarquización que deja por debajo a las mujeres que a los hombres.

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Por tanto, la aplicación del enfoque de derechos humanos al análisis e interpretación de los asuntos de la vejez según género es fundamental, ya que abarca un mayor número de derechos que son vulnerados. Los adultos mayores son sujetos de derechos universales y específicos, según lo reconoce la comunidad internacional “Estos derechos se derivan de supuestos básicos sobre el significado del ser humanos y se aplican a todas las personas, independiente de quienes sean o donde vivan” (Mann, 1999).

El enfoque de Derechos Humanos promueve el empoderamiento de los adultos mayor para lograr una sociedad más integradora desde el punto de vista de la edad. Incorporar este enfoque supone que la legislación y las políticas sobre envejecimiento deben proteger y promover los derechos y las libertades fundamentales en esta etapa de la vida. Para que esto se concrete, es necesario que los poderes políticos establezcan los medios que permitan hacer efectivos aquellos derechos.

 Por: Comunicaciones Centro de Estudios y Promoción de Derechos Humanos.